Los entes locales y regionales de Europa han argumentado que las nuevas normas sobre ayudas estatales deben promover la energía verde y seguir permitiendo que los gobiernos concedan subvenciones a las energías renovables. El Comité de las Regiones de la UE advierte de que las directrices actuales establecen unos límites demasiado bajos que restringen el número de empresas de energía verde que pueden recibir ayudas estatales, lo que podría socavar los esfuerzos de la UE por crear un mercado de la energía más “competitivo, seguro y sostenible”. La UE también debe aprovechar la oportunidad para poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear.
El Comité reaccionó ante el proyecto de directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales a la energía, cuya finalización está prevista para el 9 de abril, con el fin de promover el crecimiento sostenible, reforzar el mercado interior y racionalizar el proceso de toma de decisiones. Aunque reconoce que las ayudas estatales pueden crear ventajas injustas, el Comité sostiene que las nuevas normas deberían dar a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para apoyar las energías renovables y permitirles cumplir con sus obligaciones en materia de cambio climático. El dictamen del Comité, aprobado hoy y elaborado por Gusty Graas (ALDE), miembro del Consejo Municipal de Bettembourg y del Parlamento nacional luxemburgués, deja claro que “la competencia y la existencia de un mercado libre de la energía no son fines en sí mismos”.
En su intervención en Bruselas, el Sr. Graas comentó: “Las ayudas estatales a las energías renovables deben contribuir a un suministro energético más seguro, a un medio ambiente más limpio y a un mercado laboral más fuerte. Al mismo tiempo, está claro que las tecnologías innovadoras sólo pueden prosperar en condiciones de mercado justas y competitivas. Necesidad de adoptar un enfoque pragmático que involucre al nivel local y se centre en el desarrollo sostenible tanto de la economía como de la ecología”.
El Comité cuestiona la propuesta de establecer una tarifa de alimentación para las energías renovables, en la que los productores ecológicos reciban un precio fijo por kWh, como excepción, y se centra en los certificados verdes comercializables. Esto comprometerá la confianza de los inversores y socavará los planes europeos de descarbonización, sostiene el Comité. El límite máximo para que las empresas de energía renovable puedan optar a las subvenciones debería aumentarse de los 1MW propuestos a 5MW y 15MW para la energía eólica. Deberían suprimirse las subvenciones a los combustibles fósiles y los gobiernos deberían ser bloqueados para que no subvencionen la energía nuclear. Del mismo modo que los gobiernos nacionales son libres de decidir su propia combinación energética, los entes locales y regionales también deberían tener flexibilidad para decidir cómo utilizar la ayuda financiera para proyectos tecnológicos respetuosos con el medio ambiente.
Con estimaciones que indican que hasta 150 millones de personas se ven afectadas por la pobreza energética en toda Europa, el Comité también subrayó que la UE debe hacer de esta cuestión una prioridad política. A través de un dictamen elaborado por Christian Illedits (PSE), diputado del Parlamento regional austriaco de Burgenland, el Comité rechaza la idea de que la inversión en energías renovables es contraproducente para conseguir una energía asequible. El Comité tiene claro en su reproche que los costes sociales y medioambientales de los combustibles fósiles y de la energía nuclear superan con creces todos los demás costes energéticos. Una sólida inversión local y regional en eficiencia energética y energías renovables puede crear puestos de trabajo y aliviar la pobreza energética.
El Sr. Illedits señaló que “los gobiernos locales y regionales de Europa han enviado una señal clara de que la política europea debe abordar urgentemente el problema de la creciente pobreza energética. El camino correcto para abordar esta preocupante cuestión debe ser a través de la energía renovable, que requiere inversiones a nivel regional. Utilizando los fondos estructurales de la UE, mi región se ha convertido en un verdadero modelo para este enfoque: al invertir en energía verde a nivel local estamos empezando a ganar la batalla contra la pobreza energética”.
Como punto de partida, el Sr. Illedits pide a la Unión Europea que acuerde una definición de la pobreza energética a escala de la UE que permita flexibilidad y tenga en cuenta las diferentes situaciones y contextos regionales. El Comité propone que esta definición se base en una serie de indicadores, entre los que se incluye una cuota del 10 % o más de la renta neta disponible de los hogares dedicada a la energía. Para abordar la cuestión del suministro de energía asequible para todos, al tiempo que se invierte en la creación de un mercado de la UE que sea sostenible y menos vulnerable a la dependencia energética, el Comité también pide que se complete rápidamente el mercado interior de la energía.
